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En el artículo Editorial del diario La Nación titulado Impuesto a la Herencia, el histórico diario fija su posición en contra de una iniciativa existente en el Congreso sobre el tema. Posición que, por cierto, no debería extrañarnos.

Mi intención al señalar ese artículo es utilizarlo como disparador de esta temática, así como también para ampliar la información sobre el tema y para incluir una posición diferente a la que yo voy a defender: a favor de este impuesto.

Comenzaré por refutar los argumentos esgrimidos:

• El diario señala el proyecto de ley como cuestionable, lo cual es cierto: todo proyecto de ley es cuestionable.
• Sugiere que ese impuesto podría atentar contra “sanos principios económicos, sociales y tributarios”. Al tratarse de un impuesto claramente progresista, que apoya una visión meritocrática de país, resulta difícil entender a qué apunta la aseveración. Por cierto, Word 2007 no incluye la palabra “meritocrática” en su diccionario; qué vergüenza.
• Ante la posibilidad de destinar los recursos al área de cultura, sostiene que “no es razonable justificar la creación de tributos inadecuados con el argumento de la importancia de su destino”. Pero aun no nos cuenta por qué es inadecuado.
• Asegura que en “un sistema de convivencia en libertad debería respetar el derecho de disponer de los bienes propios siempre que no se perjudique a terceros”. Es cierto a medias. En primer lugar, no se trata de bienes propios, se trata de bienes que quedan disponibles ante la transmisión a partir de su propietario. En segundo lugar, el razonamiento es peligroso, pues siguiéndolo a rajatabla, no deberíamos tener impuestos ni razones de utilidad pública.
• “El impuesto a la herencia nació de la valoración negativa del hecho de que una persona pudiera recibir un patrimonio que no hubiera creado con su propio esfuerzo. La aplicación de un fuerte impuesto sobre un acto sucesorio fue la opción intermedia entre la apropiación estatal íntegra de los bienes de un fallecido y la aceptación de su entrega libre a sus sucesores”. Se trata, entonces, de una solución intermedia, que atiende las posiciones extremas: todo al Estado o nada al Estado (solución vigente).
• Se asegura que el legado “no debería resultar de imposiciones forzadas o inducidas casi compulsivamente mediante impuestos y exenciones, en detrimento de la voluntad libremente ejercida en favor de los seres queridos”. Nuevamente, con el mismo argumento deberían abolirse los impuestos (y todos los destinos de los impuestos, como salud, educación, etc.).
• Asegura que “la experiencia de la aplicación del impuesto a la herencia, vigente en muchos países, incluso en los Estados Unidos, ha sido desfavorable”. Sin embargo, no detalla por qué, ni respalda esa afirmación con ningún dato. ¿En todos los países? ¿Se encuentra realmente bien aplicado? ¿Es justificación suficiente?
• “Las regulaciones y elucubraciones intervencionistas nunca son gratuitas, pues crean desaliento y muy probablemente terminan afectando el ahorro y las iniciativas de inversión. Por ello, entendemos que no sería conveniente ni aconsejable reimplantar en nuestro país el impuesto a la herencia”. ¿Son el ahorro y las iniciativas de inversión de una persona que no ha hecho nada para recibir una gran cantidad de dinero más importantes que las necesidades básicas de personas carenciadas?

La acumulación y transmisión de capital es una de las fuentes principales de la desigualdad social existente y creciente en nuestros países. Cuanto más se tiene, más probabilidades existen de tener aun más. Por el contrario, cuanto menos se tiene, más probabilidades existen de tener aun menos.

La intervención en ese proceso de acumulación y transmisión, con el objetivo de lograr una sociedad menos desigual, es una de las tareas fundamentales del Estado.

Sin embargo, además del efecto económico redistributivo que posee la medida, resulta fundamental el carácter simbólico de la misma a la hora de construir una visión sobre el tipo de sociedad que queremos: una sociedad con igualdad de oportunidades en donde todos puedan progresar de acuerdo a sus méritos.

Las preguntas serían entonces:

1. ¿Es justo que una persona se haga propietario de una gran cantidad de dinero (más todo lo que eso conlleva) que no ha ganado con su mérito?
2. ¿Es justo que otra persona que ha hecho el mismo mérito (poco o mucho) tenga una vida de carencias?
3. ¿No sería más justo que esos recursos extraordinarios vayan, al menos en parte importante, a contribuir al ideal de igualdad de oportunidades, mediante escuelas y hospitales?

Entiendo que pueden existir posiciones diferentes, más apegadas a lo familiar, por lo que la solución de establecer un impuesto alto, con un piso monetario de aplicación, parece ser la solución más justa, deseable y adecuada para todos.