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La medida dispuesta por nuestro gobierno parece tener sólo una virtud (para mí; para el resto no es más que una desgracia adicional): me ha devuelto el ánimo de escribir sobre este tema.

Abstraigámonos un momento de la realidad que nos toca vivir.

Vayamos muy lejos de aquí y miremos cómo funciona el sistema de las jubilaciones.

La persona trabaja, por lo general, a cambio de una cierta cantidad de dinero.

Ese dinero, obviamente, le pertenece, pues lo ha ganado con “el sudor de su frente”. Si, además, somos marxistas (aclaro por las dudas: no es mi caso) esto empeora: es menos de lo que, en verdad, le pertenece.

Por alguna razón, la persona debe entregar al Estado una porción de ese dinero que le pertenece, para que el mismo lo administre hasta que nos jubilemos, momento en el cual nos lo devolverá mensualmente mediante una jubilación.

Esa razón incierta es la que propongo que discutamos.

En primer lugar, entiendo que como propietaria de ese dinero, la persona debería tener el derecho de administrar sus propios ahorros. Es completamente absurdo que una entidad ajena a la persona, sea el Estado, la AFJP o Pepe, tenga mayores derechos sobre ese dinero que la persona propietaria del mismo.

¿Quién garantiza que esas entidades administrarán mi dinero mejor que yo, primer interesado? ¿Por qué negarme el derecho de administrar mi dinero como yo lo crea más conveniente?

Por supuesto, es muy fácil y tentador (lo que, sumado a mi debilidad, me lleva a hacerlo) señalar lo siguiente: basta con revisar un poco la historia argentina para ver a quién no deberíamos confiarle nuestro dinero. Por lo menos, entonces, la persona debería tener, al menos, el amputado derecho de elegir quién no administre su dinero.

Muchos señalan que los fondos que se aportan actualmente se utilizan para pagar jubilaciones y pensiones, por lo que de suspenderse los aportes, se acabarían las jubilaciones. Esto es cierto, pero como sofisma que es, basa su corrección en una incorrección: los fondos de los jubilados actuales deberían provenir de los ahorros que realizaron a lo largo de su vida, no de los aportes actuales.

En cualquier caso, si los fondos van a utilizarse para los más necesitados, los inválidos o los chicos, blanqueemos la situación y creemos impuestos específicos para estos fines.

Convencido de que esta ley carece de fundamentos racionales suficientes, se plantea la pregunta que históricamente ha dividido a los legalistas (creo que tenían otro nombre, pero igual suena estupendo) de los positivistas: ¿deberíamos realizar los aportes a pesar de creer que se trata de una injusticia?